La evolución
de los Estados democráticos en Europa a lo largo del siglo XX, y especialmente
tras la II Guerra
Mundial, ha estado vinculada al desarrollo de lo que se ha dado en llamar
Estado de Bienestar Social, también conocido como Modelo Social Europeo.
La principal
seña de identidad de este modelo es la respuesta a las necesidades sociales por
parte de los poderes públicos y la articulación de sistemas obligatorios de
protección, entre los que destacan los sistemas de Seguridad Social y
Educación. A lo largo de las últimas décadas hemos ido avanzando en la
universalización de los derechos a toda la población, cuestión en la que el
movimiento sindical ha jugado un papel destacado.
En estos
momentos, se produce una ofensiva muy visible en el terreno de los servicios
públicos que son objeto preferente de las políticas de recorte que afectan de
forma drástica a la educación, la sanidad, los servicios sociales, los
medicamentos o la protección por desempleo, entre otros. Paralelamente, los
mercados presionan en la lógica de favorecer la externalización de servicios
que aspiran a gestionar desde intereses privados, viendo en los servicios
públicos privatizados una enorme oportunidad de negocio.
La
privatización y los recortes en los servicios públicos destruyen empleo, deterioran
su calidad, empeoran las condiciones laborales de los empleados públicos
(marcando a la baja el camino para el conjunto de la negociación colectiva),
quiebran la igualdad de oportunidades y la cohesión social y ponen en cuestión
la gratuidad y la universalidad de las prestaciones. Todo ello es más grave en
una etapa de crisis económica aguda en la que los servicios públicos deberían
jugar un papel determinante para garantizar la cohesión social y en la que,
tanto el gasto y el empleo público son decisivos en la dinamización de la
economía.
En la
Comunidad de Madrid, el Gobierno Regional lleva a cabo una política de recortes
en los servicios públicos que está afectando de forma muy negativa al empleo y
a la calidad de los mismos. Recortes injustificados por cuanto se producen en
paralelo al incremento del presupuesto que financia a los servicios que han
sido externalizados. Así mientras se detraen importantes recursos de la Educación
pública, que suponen la pérdida de 3.000 profesores/as, se subvenciona mediante
desgravaciones fiscales a las familias que llevan a sus hijos a la enseñanza
privada y se incrementa significativamente el número de unidades concertadas.
En la Sanidad los recortes también suponen la pérdida de personal sanitario y
la sobrecarga de trabajo de los que permanecen en el sistema, con el
consiguiente empeoramiento en la calidad de la prestación, mientras en el
presupuesto de 2012 se aumenta más de un 30% la partida que financia los
conciertos con entidades privadas. En las Universidades, los continuos recortes
están provocando que éstas tengan dificultades para implantar el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) y están deteriorando las condiciones
laborales del personal Docente e Investigador y del Personal de Administración
y Servicios. Sólo con una financiación adecuada se podrá garantizar el acceso a
la Enseñanza Superior a todos los ciudadanos a lo largo de toda su vida y en
igualdad de oportunidades.
Estos recortes
suponen la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo que van a engrosar las
ya abultadas listas de parados/as madrileños y el alargamiento de la jornada
laboral para el resto. El conjunto de los servicios públicos madrileños se verá
afectado por las consecuencias de los recortes: la desaparición de las medidas
de calidad y de atención a la diversidad de los centros educativos (bibliotecas
escolares, actividades extraescolares, desdobles, refuerzos, tutorías…), la
disminución del tiempo de atención al paciente en los centros sanitarios o la
ampliación de las listas de espera, también en la asistencia a dependientes,
menores, residencias públicas de mayores, administración de justicia, medio
ambiente, servicios públicos de empleo, lucha contra el fraude fiscal, atención
al ciudadano, servicios de emergencias y protección ciudadana o en los
transportes y medios de comunicación públicos.
Modificar las
condiciones de trabajo de los empleados públicos, rebajando las prestaciones
durante la incapacidad temporal o aumentando la jornada, es una flagrante e
intolerable invasión en el derecho a la negociación colectiva que la
Constitución Española, la
Ley Orgánica de Libertad y el Estatuto Básico de los Empleados Públicos
reserva a las trabajadoras y trabajadores, incluidos las empleadas y empleados públicos.
Después
de treinta y cinco años de luchas y esfuerzos para alcanzar un cierto nivel de
protección laboral, comprobamos cómo los derechos adquiridos en ese largo
proceso son arrasados en una semana. Tener la mayoría parlamentaria no debería
servir para cometer atropellos de esta magnitud. El peor de todos, agredir a
los trabajadores del sector público, después de una intensa campaña de
desprestigio social, y presentarles como parte del problema en lugar de un activo
para nuestro país.
Todos estos
recortes forman parte de la estrategia privatizadora de los servicios públicos
que lleva a cabo el Gobierno de Esperanza Aguirre que pasan, como hemos visto
en la Educación Infantil o en las Residencias para Mayores, por deteriorarlos para
ponerlos luego en manos de la iniciativa privada. Esta política privatizadora,
que descapitaliza al Estado y deja
derechos básicos de los ciudadanos en manos de empresas privadas con
ánimo de lucro, amenaza también a empresas públicas emblemáticas como el Canal
de Isabel II, Radio-Televisión Madrid, o Metro de Madrid.
El conjunto de
los servicios públicos madrileños se verá afectado por las consecuencias de los
recortes. Conviene recordar a este respecto que la Comunidad de Madrid cumple
los objetivos de déficit y que la Presidenta Regional ha alardeado de rebajar
el tramo autonómico del IRPF, cuando el Estado ha regulado su incremento.
Quienes suscribimos
este manifiesto no nos resignamos a sufrir un enorme retroceso en materia de
derechos y de cohesión social y defendemos el Modelo Social Europeo como mejor
garantía para el desarrollo económico y social. Por ello, trabajaremos en la
lógica de promover la más amplia convergencia con aquellas organizaciones que
compartan estos objetivos en el marco de una Plataforma para la Defensa de los
Servicios Públicos en la Comunidad de Madrid.