22 mar. 2012

Manifestación. 22 de marzo de 2012. 18:30 horas. Neptuno a Sol


En estos momentos se está produciendo una ofensiva hacia los servicios públicos, objetivo preferente de las políticas de recorte con una estrategia privatizadora que pasa por deteriorar y abaratar el servicio para ponerlo luego en manos de la iniciativa privada. Los recortes y la política privatizadora amenazan derechos básicos de la ciudadanía como la educación, la sanidad o los servicios sociales, dejándolos, en muchos casos, en manos de empresas privadas con ánimo de lucro, cuestionando el funcionamiento de empresas públicas emblemáticas de nuestra región y de la administración en general. 

Paralelamente, los mercados presionan en la lógica de favorecer la externalización de servicios, que aspiran a gestionar desde intereses privados, viendo en los servicios públicos privatizados una enorme oportunidad de negocio. Esto se produce con una Reforma Laboral, que supone el mayor ataque en la historia de la Democracia a la negociación colectiva y a las relaciones laborales, y que deja a los trabajadores y trabajadoras de las empresas privadas en una situación de indefensión absoluta frente al empresariado. 

El empleado público es una figura que garantiza el funcionamiento neutral de las Administraciones y el servicio a la ciudadanía, con independencia de quien gobierne. La crisis económica es una excusa para recortar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, porque recortar las plantillas en las Administraciones públicas implica una disminución de la calidad en la prestación de los servicios públicos. 

Los recortes en los servicios públicos destruyen empleo, empeoran las condiciones laborales (marcando a la baja el camino para el conjunto de la negociación colectiva, como ya se ha podido comprobar con la aprobación de esta Reforma Laboral inútil para el empleo, ineficaz para la economía e injusta para los trabajadores y trabajadoras), deterioran la calidad de los servicios, quiebran la igualdad de oportunidades y la cohesión social, abonan el camino hacia la privatización y ponen en cuestión la gratuidad y la universalidad de las prestaciones. Todo ello es más grave en una etapa de crisis económica aguda en la que los servicios públicos deberían jugar un papel determinante para garantizar la cohesión social y en la que el gasto público y el empleo público son decisivos en la dinamización de la economía. A las empleadas y empleados públicos se les imponen desde los gobiernos unos sacrificios que han de asumir por la crisis en que estamos inmersos, pero no podemos dejar de manifestar la injusticia de que los errores políticos, sus despilfarros, su mala gestión, etc., sean pagados, en primer término, por el conjunto del personal al servicio de la Administración con sus propias retribuciones, con déficit en la reposición de plantillas, con menos contratación y con la pérdida de derechos laborales adquiridos tras añosde negociación colectiva, y finalmente por la ciudadanía. 

En la Comunidad de Madrid, el Gobierno Regional lleva a cabo una política de recortes que está afectando de forma muy negativa tanto al empleo como a la calidad de los servicios. Recortes injustificados por cuanto se producen en paralelo al incremento del presupuesto que financia a los servicios públicos externalizados. Así, aunque la Administración afirma que no se han producido recortes en los servicios esenciales (sanidad, educación, servicios sociales y seguridad), la realidad nos indica como año tras año se detraen importantes recursos de lo público para fomentar y promover las iniciativas privadas y concertadas. 

El incremento de la jornada laboral de los empleados públicos, impuesta por el gobierno Regional, supondrá la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo, con la consecuente sobrecarga de trabajo de las plantillas, lo que redundará en un manifiesto empeoramiento en la calidad de la prestación del servicio. 

La eliminación o modificación de la prestación en situación de Incapacidad Temporal es una ingerencia intolerable en su derecho a la negociación colectiva recogida en la legislación vigente, no responde a ninguna medida que combata el absentismo laboral y añade un agravio comparativo más entre el personal funcionario, estatutario y laboral. 

Si la Comunidad de Madrid cumple los objetivos de déficit hasta el punto de que la Presidenta Regional ha alardeado de rebajar el tramo autonómico del IRPF, cuando el Estado ha regulado su incremento, entendemos que los recortes que, una vez más recaen exclusivamente sobre el personal de los servicios públicos, no responden a una necesidad crucial de combatir el déficit autonómico, como nos quieren hacer creer. 

Quienes suscribimos este manifiesto no nos resignamos ante el enorme retroceso que, en materia de derechos y de cohesión social, suponen los recortes aprobados por el Gobierno Regional y reiteremos nuestro compromiso en la defensa del estado de bienestar como mejor garantía para el desarrollo económico y social.