Como ya sabéis, de acuerdo con el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, existe la posibilidad que los Empleados Públicos del Sector Público pasen en masa al desempleo como consecuencia de esta reforma.
Tras un primer análisis, entendemos que con esta medida, además de reducir el gasto público, estos trabajadores, durante su prestación de desempleo, podrían realizar trabajos en beneficio de la comunidad que coincidirían, básicamente, con los realizados durante su situación de activo en el Sector Público.
Además, podrían ser contratados por empresas usuarias o concesionarias del servicio público, o relacionadas con el sector público a través de gestión indirecta o mixta, para desempeñar el mismo trabajo que en su momento prestaron como Empleados Públicos, antes de la extinción de su relación laboral por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
En conclusión, estaríamos hablando de un proceso de cesión indirecta de Empleados Públicos, financiando a las empresas privadas que los contraten, para la realización del Servicio Público con ánimo de lucro.
Esta disposición choca frontalmente con los principios que informan el empleo público en nuestro ordenamiento jurídico, y es contrario a las estipulaciones legales recogidas en el Estatuto Básico del Empleado Público, de aplicación no sólo a los funcionarios públicos, sino también al personal laboral, como el Gobierno parece desconocer.
