Desde la secretaría de acción sindical de FSP-UGT y ante las informaciones vertidas en los medios por el presidente de la patronal española sobre datos del empleo público en España, queremos destacar el hecho de que actualmente existen datos suficientes y acreditados de organismos encargados del estudio y elaboración de informes estadísticos internacionales, como EUROSTAT que arrojan, datos imparciales y radicalmente diferentes a los emitidos ayer.
Según estos datos en España, la población empleada en el sector público es inferior al 10%, frente al 16% de la media europea, superada en países como Irlanda (12,2%), Finlandia (18,9%) o Dinamarca (25,7%). Además, uno de cada cuatro asalariados públicos no tiene empleo estable y en algunos sectores, como la sanidad, la educación o la Administración local, la temporalidad supera el 35%.
Igualmente es inexacta la pretendida subida de poder adquisitivo a la que alude la patronal en su informe, pues en datos de FSP-UGT, desde el año 1982, los empleados públicos han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 24,5%.
La supuesta subida salarial a la que alude el presidente de la patronal se deriva del hecho de que no tienen en cuenta en sus informes los salarios de los altos cargos y directivos como categorías diferentes de los asalariados ya que al incluirlas en el cómputo global hacen subir la media.
La realidad es de
todos conocida, ya que sólo en los dos últimos años los empleados públicos han
sido objeto de un recorte continuado del 5% de media en sus salarios unido a las
subidas en años anteriores siempre por debajo del IPC real, más las
congelaciones de años anteriores, con lo cual es imposible establecer subida de
poder adquisitivo de los salarios de los empleados públicos en su
conjunto.
En cuanto a la posibilidad de despido de empleados públicos, hay que recordar que la estabilidad en el empleo público no es más que la garantía constitucional del modelo de servicios públicos de nuestro estado para que los ciudadanos puedan disfrutar de los servicios públicos sin que estos estén sometidos exclusivamente a motivos económicos pues es en momentos de crisis cuando hay mas demanda de servicios y si solo operaran criterios economicistas, o de mercado, se pondría en peligro la asistencia, en las necesidades de servicios, a la ciudadanía.
Además la estabilidad en el empleo de la AAPP debería ser un modelo ejemplarizante para el sector privado, cómo si no se podría desde los gobiernos exigir el objetivo de estabilidad en el empleo al sector privado, si esta no se tiene como modelo y referente en la AAPP.
Se da la circunstancia de que, en cuanto a la privatización o externalización de Servicios Públicos, el Tribunal de Cuentas, en su ultimo informe ha constatado que en todo el periodo democrático la externalizacion de servicios públicos ha tenido como consecuencia, un mayor coste de estos para la ciudadanía, unido una merma importante de la calidad de estos.
Por último, queda claro en las declaraciones emitidas por el presidente de la patronal, que lo que se pretende es influir sobre la opinión pública en la posibilidad de que los servicios públicos pasen a ser negocios privados, algo que desde la FSP-UGT y poniendo en valor los principios democráticos y constitucionales de nuestro estado, rechazamos de forma contundente.
En cuanto a la posibilidad de despido de empleados públicos, hay que recordar que la estabilidad en el empleo público no es más que la garantía constitucional del modelo de servicios públicos de nuestro estado para que los ciudadanos puedan disfrutar de los servicios públicos sin que estos estén sometidos exclusivamente a motivos económicos pues es en momentos de crisis cuando hay mas demanda de servicios y si solo operaran criterios economicistas, o de mercado, se pondría en peligro la asistencia, en las necesidades de servicios, a la ciudadanía.
Además la estabilidad en el empleo de la AAPP debería ser un modelo ejemplarizante para el sector privado, cómo si no se podría desde los gobiernos exigir el objetivo de estabilidad en el empleo al sector privado, si esta no se tiene como modelo y referente en la AAPP.
Se da la circunstancia de que, en cuanto a la privatización o externalización de Servicios Públicos, el Tribunal de Cuentas, en su ultimo informe ha constatado que en todo el periodo democrático la externalizacion de servicios públicos ha tenido como consecuencia, un mayor coste de estos para la ciudadanía, unido una merma importante de la calidad de estos.
Por último, queda claro en las declaraciones emitidas por el presidente de la patronal, que lo que se pretende es influir sobre la opinión pública en la posibilidad de que los servicios públicos pasen a ser negocios privados, algo que desde la FSP-UGT y poniendo en valor los principios democráticos y constitucionales de nuestro estado, rechazamos de forma contundente.