El próximo 8 de julio, aproximadamente 30.000 empleadas y empleados públicos, Personal
Laboral de la Administración Regional de la Comunidad de Madrid, podemos ver peligrar
nuestro puesto de trabajo. La Administración Regional está en disposición de dejar sin
aplicación el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid en esa
fecha. Supondría la inaplicación de una norma de la que nos dotamos en el año 1988, año de
la firma del primer Convenio, de común acuerdo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid ha permitido que la
ciudadanía madrileña disfrutara de unos servicios públicos de calidad, prestados por hombres y
mujeres que han atendido a las personas mayores, la educación infantil, la protección contra
incendios, la discapacidad, la protección del medio ambiente, la justicia, a menores en situación de
desamparo, los transportes y las infraestructuras, la atención de emergencias, el control y
mantenimiento de nuestros centros públicos, (culturales, educativos, sanitarios,…), la prevención de
la salud, las bibliotecas,… en definitiva, todos y cada uno de los servicios que la Administración
Autónoma gestiona en beneficio de ciudadanas y ciudadanos.
Desde el año 1988, en sucesivos procesos, esta norma convencional se ha ido adaptando a las
diferentes realidades por las que ha pasado la sociedad madrileña, acordándose con los
representantes sindicales, un nuevo Convenio. En todas estas renovaciones, y en tanto en cuanto se
negociaba el nuevo texto, las relaciones laborales, y por tanto la prestación de los servicios públicos,
se han visto salvaguardadas por el pacto de ambas partes, explícito en el artículo 3 del propio
Convenio, por el que se prorroga la totalidad de su contenido hasta que se firma nuevo
Convenio.
El último Convenio Colectivo se firmó en 2005, y tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007.
En estos últimos 5 años y medio, han sido innumerables los intentos de la parte social de
negociar un nuevo texto, aunque por el pacto expreso se encontraban prorrogados los anteriores.
La respuesta de la Administración Regional ha sido, interesadamente, siempre la negativa a
negociar.
El personal laboral ha pasado cinco años y medio viendo como, cual frontón, cualquier
propuesta sindical de negociación rebotaba en el Gobierno presidido, primero, por Esperanza
Aguirre Gil de Biedma y, después, por su heredero, Jaime Ignacio González González.
Los sucesivos gobiernos no han demostrado voluntad alguna de negociación, contrastando con su
actitud ante las negociaciones de las empresas, en las que han instado, como ejercicio
responsabilidad, a los empresarios y las organizaciones sindicales a flexibilizar sus posturas en pro
de alcanzar acuerdos. Sin embargo, su actitud con respecto al personal laboral, de quienes,
temporalmente al menos, se les podría considerar empresarios, ha sido de desprecio a la
negociación colectiva y la libertad sindical y de desprestigio de su labor como servidores
públicos. En estos momentos, la actitud del Gobierno Regional se puede catalogar de
conducta antisindical.
A falta de negociación colectiva, el Gobierno madrileño ha utilizado la mayoría absoluta de la que
dispone en la Asamblea de Madrid para aprobar leyes que modificaban, de forma unilateral,
las condiciones laborales de las empleadas y los empleados públicos autonómicos. En vez de
convocar la mesa negociadora y exponer sus necesidades, utilizaban la puerta de atrás para
cambiarlas, en una actitud dictatorial, arrogante y contraria al ordenamiento Constitucional,
vulnerando la Negociación Colectiva y la Libertad Sindical.
Ahora quiere dar un paso más. La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral, que está llevando al estado Español a unos niveles de paro y precariedad laboral
desconocidos hasta la fecha (a pesar de que nos dicen desde el gobierno que “funcionará” y que
tengamos “confianza”), establece que “Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo
sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto
en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera
de aplicación”. Este plazo, en el caso de los convenios ya denunciados a la fecha de entrada en
vigor de la Ley, termina el próximo 8 de julio.
Pues bien. El Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, ha manifestado que es la
intención del Gobierno Regional suspender la aplicación del Convenio el próximo 8 de julio,
apoyándose en la Ley Estatal. Esta decisión, caso de producirse, incumpliría la norma en la que
dice apoyarse, puesto que el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de
Madrid, en su artículo 3, recoge explícitamente el “pacto en contrario” al que hace referencia
la ley para la reforma del mercado laboral (artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores).
Puede parecer incomprensible que un gobierno democrático incumpla una norma en la que dice
apoyarse. Pero estamos hablando del gobierno que hace las leyes a medida de sus intereses
personales y no de la ciudadanía madrileña. Y, así, decide privatizar una empresa como el Canal
de Isabel II, que aporta beneficios a toda la ciudadanía, y luego no encuentra quién la compre;
desprestigia la educación pública para favorecer a su amiga la privada, y transferirle el dinero que
detrae de la pública; hunde económicamente a la televisión pública regional, para tener una excusa,
despedir a 829 trabajadores y trabajadoras, y privatizar los restos (si alguien los quiere…); saca a
concurso la sanidad pública, para vendérsela al mejor postor, favorecer los seguros privados y
convertir la sanidad pública en un desierto; quiere convertir la localidad de Alcorcón, cuando menos,
en un paraíso fiscal, modificando cuanta norma haga falta y presionando al Estado para que haga lo
mismo… De un gobierno así, desgraciadamente, podemos esperarnos cualquier cosa.
Por tanto, y en defensa de los servicios públicos madrileños, el Personal Laboral de la
Comunidad de Madrid, EXIGIMOS:
- Sean respetados los derechos del Personal Laboral de la Comunidad de Madrid.
- El Derecho Fundamental a la Negociación Colectiva y la Libertad Sindical.
