19 jun. 2013

Manifiesto conjunto de CCOO y UGT en defensa de los Derechos laborales de los Emplead@s Públicos madrileños


El próximo 8 de julio, aproximadamente 30.000 empleadas y empleados públicos, Personal Laboral de la Administración Regional de la Comunidad de Madrid, podemos ver peligrar nuestro puesto de trabajo. La Administración Regional está en disposición de dejar sin aplicación el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid en esa fecha. Supondría la inaplicación de una norma de la que nos dotamos en el año 1988, año de la firma del primer Convenio, de común acuerdo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
 
El Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid ha permitido que la ciudadanía madrileña disfrutara de unos servicios públicos de calidad, prestados por hombres y mujeres que han atendido a las personas mayores, la educación infantil, la protección contra incendios, la discapacidad, la protección del medio ambiente, la justicia, a menores en situación de desamparo, los transportes y las infraestructuras, la atención de emergencias, el control y mantenimiento de nuestros centros públicos, (culturales, educativos, sanitarios,…), la prevención de la salud, las bibliotecas,… en definitiva, todos y cada uno de los servicios que la Administración Autónoma gestiona en beneficio de ciudadanas y ciudadanos.
 
Desde el año 1988, en sucesivos procesos, esta norma convencional se ha ido adaptando a las diferentes realidades por las que ha pasado la sociedad madrileña, acordándose con los representantes sindicales, un nuevo Convenio. En todas estas renovaciones, y en tanto en cuanto se negociaba el nuevo texto, las relaciones laborales, y por tanto la prestación de los servicios públicos, se han visto salvaguardadas por el pacto de ambas partes, explícito en el artículo 3 del propio Convenio, por el que se prorroga la totalidad de su contenido hasta que se firma nuevo Convenio.
 
El último Convenio Colectivo se firmó en 2005, y tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007. En estos últimos 5 años y medio, han sido innumerables los intentos de la parte social de negociar un nuevo texto, aunque por el pacto expreso se encontraban prorrogados los anteriores. La respuesta de la Administración Regional ha sido, interesadamente, siempre la negativa a negociar.
 
El personal laboral ha pasado cinco años y medio viendo como, cual frontón, cualquier propuesta sindical de negociación rebotaba en el Gobierno presidido, primero, por Esperanza Aguirre Gil de Biedma y, después, por su heredero, Jaime Ignacio González González.
 
Los sucesivos gobiernos no han demostrado voluntad alguna de negociación, contrastando con su actitud ante las negociaciones de las empresas, en las que han instado, como ejercicio responsabilidad, a los empresarios y las organizaciones sindicales a flexibilizar sus posturas en pro de alcanzar acuerdos. Sin embargo, su actitud con respecto al personal laboral, de quienes, temporalmente al menos, se les podría considerar empresarios, ha sido de desprecio a la negociación colectiva y la libertad sindical y de desprestigio de su labor como servidores públicos. En estos momentos, la actitud del Gobierno Regional se puede catalogar de conducta antisindical.
 
A falta de negociación colectiva, el Gobierno madrileño ha utilizado la mayoría absoluta de la que dispone en la Asamblea de Madrid para aprobar leyes que modificaban, de forma unilateral, las condiciones laborales de las empleadas y los empleados públicos autonómicos. En vez de convocar la mesa negociadora y exponer sus necesidades, utilizaban la puerta de atrás para cambiarlas, en una actitud dictatorial, arrogante y contraria al ordenamiento Constitucional, vulnerando la Negociación Colectiva y la Libertad Sindical.
 
Ahora quiere dar un paso más. La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que está llevando al estado Español a unos niveles de paro y precariedad laboral desconocidos hasta la fecha (a pesar de que nos dicen desde el gobierno que “funcionará” y que tengamos “confianza”), establece que “Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación”. Este plazo, en el caso de los convenios ya denunciados a la fecha de entrada en vigor de la Ley, termina el próximo 8 de julio.
 
Pues bien. El Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, ha manifestado que es la intención del Gobierno Regional suspender la aplicación del Convenio el próximo 8 de julio, apoyándose en la Ley Estatal. Esta decisión, caso de producirse, incumpliría la norma en la que dice apoyarse, puesto que el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid, en su artículo 3, recoge explícitamente el “pacto en contrario” al que hace referencia la ley para la reforma del mercado laboral (artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores).
 
Puede parecer incomprensible que un gobierno democrático incumpla una norma en la que dice apoyarse. Pero estamos hablando del gobierno que hace las leyes a medida de sus intereses personales y no de la ciudadanía madrileña. Y, así, decide privatizar una empresa como el Canal de Isabel II, que aporta beneficios a toda la ciudadanía, y luego no encuentra quién la compre; desprestigia la educación pública para favorecer a su amiga la privada, y transferirle el dinero que detrae de la pública; hunde económicamente a la televisión pública regional, para tener una excusa, despedir a 829 trabajadores y trabajadoras, y privatizar los restos (si alguien los quiere…); saca a concurso la sanidad pública, para vendérsela al mejor postor, favorecer los seguros privados y convertir la sanidad pública en un desierto; quiere convertir la localidad de Alcorcón, cuando menos, en un paraíso fiscal, modificando cuanta norma haga falta y presionando al Estado para que haga lo mismo… De un gobierno así, desgraciadamente, podemos esperarnos cualquier cosa.
 
Por tanto, y en defensa de los servicios públicos madrileños, el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid, EXIGIMOS:
  • Sean respetados los derechos del Personal Laboral de la Comunidad de Madrid.
  • El Derecho Fundamental a la Negociación Colectiva y la Libertad Sindical.