El Tribunal de lo Contencioso Administrativo nº 22 de Madrid anula el cese de una Auxiliar Administrativa Interina Estatutaria, cuya plaza fue amortizada a consecuencia de la privatización del Hospital Puerta de Hierro.
Esta sentencia reconoce el derecho de la trabajadora a ser repuesta en su situación anterior y condena a la Consejería de Sanidad a pagar los salarios dejados de percibir desde el momento del cese.
Un vez más la justicia da la razón a la UGT en contra del empeño privatizador del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
