La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha presentado dos recursos contencioso-administrativos en la Audiencia Nacional. La FSP-UGT continúa de este modo el camino ya emprendido hacia su intento de revocar el decreto ley 8/2010, que en palabras de Julio Lacuerda supone “un agravio sin precedentes” hacia los empleados públicos de este país. La citada Resolución de 25 de mayo de 2010, al margen de las infracciones legales y normativas que se denuncian en el momento de la interposición de la demanda, incurre en las enumeradas a continuación:
- Artículos 7, 9.3, 14, 28.1, 33.3, 37.1, 66.2, 86.1 y 134 de la Constitución Española.
- El Principio de Proporcionalidad introducido por la Jurisprudencia Constitucional.
- La Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.
- El artículo 14, letra d), en relación con los artículos 21.1 y 37.1, letra a) de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), y también los preceptos de dicha Ley, artículo 30, en relación con los artículos 21, 23, 24 y 37.1 y el artículo 38.10, etc.
Por su parte, sigue su curso la solicitud al defensor del Pueblo de que interponga un recurso de inconstitucionalidad al Decreto ley 8/2010. La Federación de Servicios Públicos ha recibido respuesta de la institución declarando que ha comenzado el estudio de la solicitud.
