La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) rechaza con absoluta contundencia las declaraciones realizadas por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante el círculo de empresarios vascos, en las que plantea recortar salarios y prestaciones a las personas trabajadoras en situación de incapacidad temporal, incluso “con o sin acuerdo” con las organizaciones sindicales.
Para UGT, estas afirmaciones evidencian una absoluta falta de respeto al Diálogo Social. El diálogo social consiste precisamente en que las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales negocien en igualdad de condiciones las reformas que afectan a las personas trabajadoras, no en anunciar unilateralmente recortes y pretender imponerlos.
Las personas trabajadoras no están de baja porque quieran. Están de baja porque padecen un cáncer, porque han sufrido una fractura, porque esperan una intervención quirúrgica, porque permanecen hospitalizadas o porque atraviesan un grave problema de salud mental. Pretender reducirles el salario o las prestaciones supone castigar precisamente a quienes han tenido la desgracia de enfermar y demuestra que para algunos importa más la cuenta de resultados de determinadas empresas que la salud de quienes trabajan.
Además, el líder del PP recurre a comparaciones absolutamente engañosas al utilizar cifras absolutas de bajas laborales entre 2018 y 2026, ignorando que España ha pasado de rondar los 19 millones de personas ocupadas a acercarse actualmente a los 22,5 millones. Cualquier análisis mínimamente riguroso exige comparar tasas y contextualizar los datos, no manipular cifras para construir un relato que criminaliza a quienes enferman.
UGT reclama al principal partido de la oposición que, si de verdad le preocupan las bajas laborales, lo demuestre apoyando la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, negociada durante 19 meses en el marco del diálogo social, y exigiendo el refuerzo de la sanidad pública, especialmente en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan y donde las listas de espera prolongan innecesariamente miles de procesos de incapacidad temporal. La siniestralidad laboral sigue costando la vida de tres personas trabajadoras cada día en España. Esa es la verdadera emergencia. Combatir las causas que enferman y matan en el trabajo, y no estigmatizar a quienes enferman, es lo que cabe exigir a quien aspira a gobernar este país.
En la actualidad, en España los primeros tres días de baja por enfermedad común (no derivada de una enfermedad profesional causada en el ejercicio del trabajo) el trabajador no percibe remuneración, a no ser que el convenio colectivo establezca lo contrario. Entre el día 4 y el 15 el pago de las cotizaciones y los salarios corre a cargo de la empresa al 60% de la base reguladora. Y a partir del día 16 es la Seguridad Social la que asume el abono de la prestación (por el 60% hasta el día 20 y por el 75% de la base reguladora desde el día 21 de la baja). Así, el Estado solo carga a las empresas el coste de 12 días completos de baja.
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